sábado, 23 de abril de 2011

SI CHAVEZ ES DERROTADO EN EL 2012 (PRIMERA PARTE)

PATRICIA POLEO
En sus primeras páginas, el documento hace un recuento de los hechos y situaciones en las que Hugo Chávez ha violado la Constitución en relación con la norma que rige a la Fuerza Armada Nacional y su papel ante el país, además de todos los pasos que el Presidente ha dado para reelegirse indefinidamente eternizándose en el poder, lo que constituirían indicios de que de perder las elecciones en el 2012 se negaría a aceptar los resultados.
Asegura el documento que “…se ha venido construyendo el andamiaje legal y organizacional para acosar las fuerzas políticas opositoras y reducir la capacidad de maniobra en todos los escenarios políticos potenciales de activarse hasta el 2 de diciembre de 2.012 en las elecciones presidenciales.”
Dice además que el presidente de la República está claro en el papel que jugaría la FANB en un momento en que su mandato corra riesgo y menciona los hechos de abril del 2002 y los resultados adversos al Régimen del referéndum aprobatorio de la reforma constitucional del 7 de diciembre de 2.007, como “una seria referencia en la estabilidad del poder del Teniente Coronel Hugo Rafael Chávez Frías en una coyuntura política donde la movilización y el activismo de la sociedad civil con la participación de la Fuerza Armada Nacional sean los sectores protagonistas.”
Menciona como factores que condenan al fracaso electoral a Chávez en el 2012 “La grave conflictividad política del país estimulada por las diversas manifestaciones públicas solicitando las reivindicaciones laborales acumuladas por el régimen, el activismo del sector estudiantil y las autoridades universitarias en solicitud de presupuesto para las universidades, la situación de los presos políticos y los exiliados, la inseguridad, el alto costo de la vida, el desabastecimiento, el bajo poder adquisitivo, la destrucción del aparato productivo, las expropiaciones, las alianzas internacionales con el terrorismo, el narcotráfico y dictaduras, el secuestro por el Poder Ejecutivo de los otros órganos del poder del Estado y la corrupción que se evidencia en las funciones públicas que potencian la caída de la popularidad que en algún momento acompañó la imagen política del Comandante en Jefe.”
El documento expresa como un riesgo “La ocupación de los cargos de mando y operativos en la organización armada en las unidades operativas por profesionales con lealtad hacia la Revolución Bolivariana debidamente comprobada por el régimen, que “tiende a reducir la posibilidad de un pronunciamiento militar ante una contingencia que ponga en riesgo la estabilidad del régimen”.
Desprendiéndose de la relación histórica de los hechos desde que Hugo Chávez está en el poder, el documento alerta a los efectivos militares acerca de la posibilidad de que en el escenario de las elecciones del 2012 deban enfrentar un plan para desconocer los resultados adversos y que consistiría en que el Presidente en cadena nacional anunciara un decreto del estado de conmoción interior y ordene al Comandante Estratégico Operacional (el leal Henry Rangel Silva) el repliegue del Plan República y la activación del Plan de Operaciones Perla del Caribe. El contenido de éste plan y cómo enfrentarlo constitucionalmente en la próxima entrega de esta columna.
 
Un documento que circula en los cuarte­les, realizado por oficiales activos, anali­za el rol de la Fuerza Armada Nacional, en caso de que el Régimen intente descono­cer resultados adversos en el año 2012.
(SEGUNDA PARTE)
Mencionamos el plan “Perla del Caribe”. Un documento redactado por oficiales asegu­ra que el Gobierno pudiera activarlo para des­conocer un resultado adverso en las elecciones del 2012. El general Henry Rangel Silva. Jefe del Comando Estratégico Operacional, jugaría un rol decisivo.
Según el documento, los detalles de este plan consisten en:

a. El repliegue de todos los órganos de seguridad ciudadana nacionales, regionales y locales en sus respectivos cuarteles; y el mantenimiento de todos sus Comandos y Unidades Operativas, a la orden de los Comandos de Áreas de Defensa Integral.
b. La detención de los líderes políticos más caracterizados en las respectivas jurisdicciones militares.
c. La ocupación militar de los medios de comuni­cación y la limitación de las programaciones rutina­rias con la Milicia Nacional Bolivariana.
d. La activación de salvoconductos y la restric­ción de la libre circulación en el territorio nacional.
e. La neutralización de las antenas y otros medios técnicos de las operadoras de telefonía celular y servicios independientes de Internet.
f. El cierre de los protocolos de acceso a Internet a través del sistema de banda ancha por la CANTV y las operadoras de telefonía celular.
g. La ocupación militar con la Milicia Nacional Bolivariana de los servicios de agua y electricidad en todo el territorio nacional.

h. El patrullaje militar en todo el territorio nacional con la Milicia Nacional Bolivariana.
i. El mantenimiento en reserva a la orden del Comandante en Jefe de las unidades operativas del Ejército Nacional Bolivariano. Armada Nacional Bolivariana. Aviación Militar Bolivariana y Guardia Nacional Bolivariana.
El documento de siete páginas concluye con un párrafo titulado: “Requerimientos en Términos de De­cisión, Acciones y Órdenes para el Liderazgo de toda la Sociedad Civil”, el cual especifica lo siguiente:
1. Coordinador de la MUD a nivel nacional, regio­nal y local.
2. Secretarios generales de los partidos políticos integrados en la MUD a nivel nacional, regional y local.
3. Fedecámaras.
4. Iglesia.
5. Jefes de Unidades Operativas del Plan Repú­blica a nivel nacional
6. Militares en situación de actividad sin cargos operativos.
7. Militares Retirados.
8. Medios de comunicación.
9. Empresarios.
10. Vecinos.
11. Estudiantes.
12. Exiliados.
13. Presos Políticos.
Hasta aquí nuestra información sobre este docu­mento redactado por militares activos, el cual mues­tra importantes coincidencias con temores ya expre­sados públicamente por voceros de la sociedad civil

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